“Previsibilidad para nuestras empresas y consumidores. Estabilidad en la mayor relación comercial del mundo y seguridad para los empleos europeos y el crecimiento económico a largo plazo”, remarca la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Con estas modificaciones, quiere garantizar certidumbre para los inversores y la innovación, reforzar el liderazgo industrial de las empresas y aumentar la seguridad energética de Europa.
La Comisión Europea fija las normas técnicas de regulación que especifican los criterios utilizados para determinar qué entidades financieras están obligadas a realizar pruebas de penetración basadas en amenazas.
La Comisión Europea acepta que el mínimo de variedades blancas pasa del 50% al 75%, y se incluyan nuevas; la introducción de 'Gran Vino de Rueda', entre otras modificaciones.
La Comisión Europea también fija las normas técnicas de regulación que especifican los requisitos relacionados con las políticas y los procedimientos en materia de conflictos de intereses aplicables a los emisores de fichas referenciadas a activos.
El Tribunal de la Unión Europea considera que la autoridad judicial de ejecución de una orden de detención europea no puede denegar la ejecución de ésta.
La Comisión Europea no ha recibido ninguna declaración de oposición a la solicitud de inscripción presentada por España.
Los cambios aclaran la clasificación de los activos financieros con características ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), y deben promover los préstamos con características ligadas a los aspectos ASG.
A partir del 1 de septiembre de 2026 los datos de referencia identificativos de las permutas extrabursátiles de tipos de interés y las de riesgo de crédito también incluirán el identificador único de producto (UPI, por sus siglas en inglés) según la norma ISO 4914.
Exige el pago de una multa de 26.568€ diarios desde el día siguiente al de la expiración del plazo de transposición de la Directiva, el 29 de diciembre de 2023, hasta el día en que se ponga fin al incumplimiento.
La Comisión Europea reconoce que los requisitos han supuesto "una carga normativa desproporcionada" para aquellos administradores de índices de referencia de la Unión que tienen un menor tamaño.