Bruselas denuncia a España por incumplir la Directiva de administradores de crédito
Miguel Ángel Valero
El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) del 19 de mayo publica el Recurso interpuesto el 19 de marzo de 2025 por la Comisión Europea contra el Reino de España (Asunto C-210/25). La Comisión pide al Tribunal de Justicia de la UE "que se declare que, al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva (UE) 2021/2167, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2021, sobre los administradores de créditos y los compradores de créditos y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE (1) o, en todo caso, al no haberlas comunicado, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dicha Directiva".
También que se condene al Reino de España al pago de una cantidad a tanto alzado de 26.568€ diarios desde el día siguiente al de la expiración del plazo de transposición de la Directiva, el 29 de diciembre de 2023, hasta el día en que se ponga fin al incumplimiento o, en caso de que no se haya puesto fin al mismo, hasta la fecha en que se dicte la sentencia en el presente asunto, siempre y cuando el importe de la suma a tanto alzado supere la suma a tanto alzado mínima de 7,42 millones€.
Que, en caso de que el incumplimiento referido en el punto 1 persista hasta la fecha en que se dicte sentencia en el presente asunto, se condene al Reino de España a pagar a la Comisión Europea una multa coercitiva de 103 295,4€ diarios desde la fecha de la sentencia en el presente procedimiento hasta que el Reino de España cumpla con su obligación de notificar las medidas de transposición al Derecho interno de la Directiva.
Y que se condene al Reino de España en costas.
La Comisión Europea alega que, de conformidad con el artículo 32 de la Directiva (UE) 2021/2167, los Estados miembros debían adoptar y publicar, a más tardar el 29 de diciembre de 2023, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva así como comunicar el texto de dichas disposiciones inmediatamente a la Comisión. Puesto que el Reino de España no ha notificado la transposición de la Directiva, la Comisión ha decidido recurrir al Tribunal de Justicia.