Miguel Ángel Valero
La Comisión Europea ha propuesto una modificación de la Legislación Europea sobre el Clima por la que se establece un objetivo climático de la UE para 2040 de reducción del 90% de las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en comparación con los niveles de 1990, tal como se indica en las orientaciones políticas de la Comisión para 2024-2029. La modificación ofrecerá certidumbre para los inversores y la innovación, reforzará el liderazgo industrial de las empresas y aumentará la seguridad energética de Europa.
El último Eurobarómetro mostró un firme apoyo de los ciudadanos a la acción por el clima de la UE, proporcionando un mandato sólido para seguir avanzando en la agenda de transición limpia de la UE.
La UE ha avanzado considerablemente para alcanzar el objetivo del 55% para 2030. La propuesta se basa en el objetivo jurídicamente vinculante de la UE de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí a 2030, y establece una manera más pragmática y flexible de alcanzar el objetivo, con vistas a una economía europea descarbonizada de aquí a 2050.
En consonancia con la Brújula para la Competitividad de la UE, el Pacto por una Industria Limpia y el Plan de Acción para una Energía Asequible, el objetivo climático propuesto para 2040 tiene plenamente en cuenta el panorama económico, de seguridad y geopolítico actual y ofrece a los inversores y a las empresas la previsibilidad y la estabilidad que necesitan en la transición hacia una energía limpia en la UE. Al mantener el rumbo en materia de descarbonización, la UE impulsará la inversión en innovación, creará más empleo y crecimiento, aumentará la resiliencia a los efectos del cambio climático y será más independiente desde el punto de vista energético.
Para la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, "los ciudadanos europeos sienten cada vez más el impacto del cambio climático y esperan que Europa actúe. La industria y los inversores esperan que establezcamos un rumbo previsible. Demostramos que estamos firmemente comprometidos con la descarbonización de la economía europea de aquí a 2050. El objetivo es claro, el camino es pragmático y realista".
La propuesta se basa en una evaluación de impacto exhaustiva y en el asesoramiento del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y del Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático. La adopción se produce tras intensas consultas con los Estados miembros, el Parlamento Europeo, las partes interesadas, la sociedad civil y los ciudadanos, después de la presentación de la recomendación sobre el objetivo de reducción de emisiones para 2040 por parte de la Comisión en febrero de 2024.
Sobre la base de estas consultas, la propuesta establece un procedimiento diferente respecto al pasado para alcanzar el objetivo de 2040. Un elemento central son las flexibilidades que la Comisión tendrá en cuenta a la hora de diseñar los futuros instrumentos legislativos para alcanzar este objetivo climático para 2040, entre las que se incluyen un papel limitado para los créditos internacionales de alta calidad a partir de 2036, el uso de absorciones permanentes de carbono nacionales en el Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE(RCDE UE) y una mayor flexibilidad en todos los sectores para ayudar a alcanzar los objetivos de manera rentable y socialmente justa. Esto podría ofrecer a un Estado miembro la posibilidad de compensar el resultado del sector del uso de la tierra en dificultades gracias a la superación del objetivo en la reducción de las emisiones en los residuos y el transporte.
La propuesta de la Comisión hace hincapié en la importancia de acelerar y reforzar las condiciones más propicias para apoyar este objetivo del 90%. Entre ellas figuran una industria europea competitiva, una transición justa que no deje a nadie atrás y unas condiciones de competencia equitativas con nuestros socios internacionales.
Además, la propuesta establece un marco claro para la legislación en materia de clima y energía después de 2030. Se tendrán en cuenta las especificidades nacionales. La rentabilidad, la simplicidad y la eficiencia serán principios rectores, junto con la garantía de la neutralidad tecnológica y que la transición sea justa y equitativa para todos.
Aplicación del Pacto por una Industria Limpia
La Comisión ha publicado una Comunicación sobre la aplicación de las primeras propuestas sobre el Pacto por una Industria Limpia, tan solo unos meses después de su presentación. Dado que la Brújula para la Competitividad de la UE y la descarbonización van de la mano, su aplicación es crucial para alcanzar el objetivo climático para 2040. La Comunicación de hoy ofrece una visión general de la primera serie de acciones llevadas a cabo, los progresos realizados y las medidas pendientes.
Uno de los principales resultados es el Marco de ayudas estatales del Pacto por una Industria Limpia, adoptado para seguir apoyando la inversión en la transición hacia una energía limpia. También se acordó la Simplificación del mecanismo de ajuste en frontera del carbono (MAFC), que exime al 90% de los importadores, reduciendo así la burocracia y garantizando una aplicación fluida. Esta simplificación es el primer paso antes de una revisión más general del MAFC a finales de año, que estará acompañada de propuestas legislativas para reforzar el mecanismo. La Comunicación esboza los resultados del análisis de la Comisión sobre cómo ofrecer una solución a la fuga de carbono de las exportaciones.
Como complemento del marco de ayudas estatales y de la Comunicación, la Comisión también ha publicado la Recomendación sobre incentivos fiscales para fomentar las inversiones en tecnologías limpias y la descarbonización industrial, a través de medidas como la amortización acelerada y los créditos fiscales. También ha presentado una Recomendación y documentos de orientación para optimizar el uso de nuevas normas de la UE en materia de energías renovables destinadas a ampliar las energías renovables y reducir los costes de la energía.
Entre las acciones que contribuirán a la consecución del Pacto por una Industria Limpia figuran las medidas sobre energía asequible para aumentar la fabricación de componentes de la red y apoyar los acuerdos de compra de electricidad, el proyecto piloto para el próximo Banco de Descarbonización Industrial, el próximo Plan de Acción para la Industria Química y los diálogos sectoriales con las partes interesadas. Previstas para finales de este mes, las propuestas para el próximo marco financiero plurianual también establecerán cómo el futuro presupuesto de la UE apoyará la transición limpia.
Con el objetivo propuesto del 90%, la UE también envía una señal a la comunidad internacional: mantendrá el rumbo en materia de cambio climático, cumplirá el Acuerdo de París y seguirá colaborando con los países socios para reducir las emisiones mundiales.
De cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP30), que se celebrará en Belém (Brasil) en noviembre, la Comisión trabajará ahora con la Presidencia del Consejo para ultimar la comunicación acerca de la contribución determinada a nivel nacional de la UE.
La propuesta de la Comisión por la que se establece un objetivo climático para 2040 se presentará ahora al Parlamento Europeo y al Consejo para su debate y adopción con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Un futuro objetivo climático acordado por la UE también servirá de referencia para el marco político de la UE posterior a 2030 que se desarrollará más adelante.
Preservar el marco de finanzas sostenibles en Omnibus I
En este sentido, 266 organizaciones , incluidas más de 200 empresas e inversores, firman una declaración conjunta coordinada por el Foro Europeo de Inversión Sostenible (Eurosif), el Grupo de Inversores Institucionales sobre el Cambio Climático (IIGCC) , los Principios de Inversión Responsable (PRI) , el Grupo de Líderes Corporativos de Europa (CLG Europe) , la Iniciativa Global de Reporte (GRI) y E3G.
En esa Declaración, instan a los responsables políticos de la UE a preservar la esencia del marco de finanzas sostenibles de la UE. Las normas sobre informes de sostenibilidad, planes de transición, objetivos climáticos y diligencia debida corporativa son fundamentales para alcanzar los objetivos económicos y de sostenibilidad de la UE, y mejorar su implementación es una prioridad.
"En el contexto de la iniciativa de simplificación Omnibus I, llamamos la atención a los inversores, empresas, bancos y otras instituciones financieras de nuestra economía que apoyan la preservación de los elementos centrales de la Directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa (CSRD), respaldada por las Normas europeas de informes de sostenibilidad (ESRS), y de la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa (CSDDD)", explican.
Directrices sobre pruebas de estrés ASG
En la misma dirección, las Autoridades Europeas de Supervisión (ABE para banca, ESMA para mercados, EIOPA para seguros y pensiones), anunciaron la publicación de un nuevo borrador de Directrices Conjuntas sobre pruebas de estrés ASG, que establece cómo las autoridades del sector bancario y de seguros en la UE deben integrar los riesgos ASG en sus pruebas de estrés supervisoras, y tiene como objetivo armonizar las metodologías y prácticas entre los supervisores bancarios y de seguros.
También anunciaron el inicio de una consulta conjunta sobre las nuevas directrices propuestas, que permanecerá abierta hasta el 19 de septiembre de 2025.
Por su parte, el Banco de España ha publicado el informe "Activos soberanos e inversión sostenible y responsable: la importancia de las métricas climáticas", elaborado por Clara I. González Martínez junto a Fernando Arranz y Mercedes de Luis López. El estudio propone métricas específicas para medir el riesgo de transición climática en activos soberanos, con el objetivo de mejorar tanto la gestión como la divulgación de este tipo de inversiones.
Además, se analiza su aplicación en carteras modelo, evaluando ventajas y limitaciones de cada enfoque. Esta publicación contribuye al debate sobre cómo integrar criterios climáticos en la inversión pública y la gestión de riesgos financieros asociados al cambio climático.