El Tribunal de Cuentas de la UE admite el fracaso del plan de pensiones paneuropeo

Miguel Ángel Valero

Los sistemas de pensiones de la Unión Europea (UE) son responsabilidad de los Estados miembros. La UE solo desempeña una función en cuestiones relacionadas con la movilidad transfronteriza, la protección de los consumidores y el mercado interior. A este respecto, la UE establece requisitos mínimos para el funcionamiento de los fondos de pensiones de empleo (FPE) y ha creado un marco jurídico específico para un producto paneuropeo de pensiones individuales. La UE también adopta medidas para aumentar la transparencia de los derechos de pensión de los ciudadanos y del impacto de la evolución de las finanzas públicas relacionada con las pensiones. Además, la cuestión de la sostenibilidad de las pensiones forma parte de la coordinación de las políticas macroeconómicas en la UE.

La auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas de la UE tenía por objeto evaluar si la Comisión y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ, Eiopa, por sus siglas en inglés) han actuado eficazmente para reforzar el papel de los FPE y desarrollar productos paneuropeos de pensiones individuales. Estos regímenes de pensiones son fundamentales para lograr que, en el futuro, los ciudadanos de la UE dispongan de unos ingresos de jubilación adecuados. 

La auditoría abarcó el período comprendido entre 2016 y 2024. "En general, concluimos que, teniendo en cuenta el nivel de responsabilidad que se les ha atribuido, las acciones de la Comisión y de la AESPJ hasta la fecha no han sido eficaces para reforzar el papel de las pensiones de jubilación proporcionadas por los fondos de pensiones de empleo y establecer un producto paneuropeo de pensiones individuales", subraya el informe del Tribunal de Cuentas de la UE. ç

Aunque las acciones de la Comisión crearon las condiciones para que los FPE contaran con un mercado interior, no lograron el objetivo de profundizar este mercado y de aumentar la actividad transfronteriza. Esta actividad sigue siendo mínima y se concentra en unos pocos Estados miembros en los que las pensiones de jubilación ya estaban arraigadas tradicionalmente. Esto se debe principalmente a factores que escapan al ámbito competencial de la UE y al alcance de lo que pueden lograr actualmente las iniciativas legislativas de la UE. Sin embargo, los FPE transfronterizos también quedan en una situación de desventaja porque el marco regulador de la UE les impone más requisitos que los aplicados a aquellos que operan únicamente en su mercado nacional. Paralelamente, el producto paneuropeo de pensiones individuales no ha demostrado ser una opción de ahorro viable para la jubilación de los ciudadanos de la UE en comparación con otros productos.

Aunque todavía no se ha profundizado ni opera a través de las fronteras como se esperaba, el mercado de los FPE sigue abasteciendo a 47 millones de partícipes y beneficiarios, y debe someterse a una supervisión eficaz. Sin embargo, los esfuerzos de la AESPJ han tenido un efecto limitado en el fomento de la convergencia de las prácticas de supervisión en relación con los FPE en toda la UE, garantizando la protección de los partícipes y ofreciendo una mayor transparencia. La adopción de las iniciativas de la AESPJ por parte de las autoridades nacionales fue escasa, ya que el marco para los FPE solo establece un conjunto básico de requisitos vinculantes, lo que limita el alcance de los esfuerzos de convergencia en materia de supervisión. La evaluación de la AESPJ de los riesgos específicos y sistémicos de los FPE ha mejorado con el tiempo, aunque sigue siendo incompleta.

En la UE siguen faltando instrumentos que ofrezcan una visión general de las pensiones, tanto desde el punto de vista de las personas como del de las finanzas públicas. La AESPJ ha emprendido una serie de medidas que han mejorado el acceso a la información sobre los fondos de pensiones de empleo, pero los partícipes y beneficiarios todavía no cuentan con transparencia plena en cuanto al rendimiento de sus fondos. Por último, tanto la Comisión como la AESPJ han adoptado ya las primeras medidas para mejorar la cultura financiera de los ciudadanos en relación con las pensiones y para promover los planes de pensiones y la sostenibilidad, pero el efecto de estas iniciativas ha seguido siendo limitado. 

Recomendaciones

El Tribunal de Cuentas de la UE recomienda a la Comisión:

• adelantar la fecha de finalización de la evaluación para determinar los motivos de la falta de utilización del producto paneuropeo de pensiones individuales, y adoptar las medidas adecuadas; 
• reforzar el marco de supervisión de los FPE; 
• aumentar la transparencia de las pensiones avanzando en los sistemas de seguimiento de las pensiones y de paneles de datos. 

En relación con los fondos de pensiones de empleo, recomienda a la AESPJ: 

• revisar la eficacia de los instrumentos y priorizar aquellos con mayor impacto en la convergencia en materia de supervisión;
• mejorar la evaluación del impacto de los riesgos sistémicos en los FPE;
• aumentar la transparencia de los costes y los rendimientos.