Los actuarios critican la falta de ofertas de seguros para mayores
Miguel Ángel Valero
Este año se cumple el 250 aniversario del uso del término 'actuario', cuando la aseguradora Equitable contrató al matemático W. Morgan como "actuario asistente". Un buen momento para reivindicar esta profesión. El Instituto de Actuarios Españoles celebra, en la nueva sede de Mutualidad, la jornada “La contribución del actuario al progreso de la sociedad”. Intervienen su presidente, Fernando Ariza, Mercedes Ayuso, Enrique Garcia-Hidalgo, Clara Isabel González, Cristina Martínez, Silvia Moreno, José Gabriel Puche, José Miguel Rodríguez-Pardo y el director general de Seguros y Fondos de Pensiones, José Antonio Fernández de Pinto.
Fernando Ariza, presidente del Instituto, defiende una "profesión con propósito: contribuir al progreso de una sociedad cada vez más equitativa y más inclusiva", lo que define como "una visión humanista del actuario".
Desde este planteamiento, los actuarios deben luchar por la longevidad, "vivir más y mejor", y criticar la falta de propuestas aseguradoras para los mayores, además de combatir el problema de la no asegurabillidad de determinados bienes por el cambio climático, y luchar contra las desigualdades.
"¿Qué puede hacer un actuario para luchar contra la vulnerabilidad?, se pregunta el director general adjunto de Mutualidad. Fernando Ariza avisa que "la exigencia de la máxima personalización está olvidando la mutualización de los riesgos, y sin ella el seguro desaparece". "Seguros inclusivos significa que haya oferta disponible a la que puedan acceder todos los ciudadanos", insiste el presidente del Instituto de Actuarios Españoles.
Medida inclusiva del riesgo
En la misma línea, José Miguel Rodríguez-Pardo muestra la evolución del concepto de actuario. En 1954 era "la ciencia que estudia las consecuencias económicas de un suceso medido en términos de probabilidad". Ahora, en 2024, la definición de esa actividad debe incluir el concepto "medida inclusiva del riesgo". Porque el actuario responde a la necesidad de "mejora la calidad de la prestación" desde la sostenibilidad y la inclusión social, y de "extensión de la protección al mayor número posible de personas", lo que se traduce en hacer un esfuerzo para "que nadie se quede atrás".
Por tanto, el actuario debe incorporar la vulnerabilidad a la medición de los riesgos y de la brecha de protección, al análisis de la disponibilidad, accesibilidad, adecuación y calidad de los servicios financieros y aseguradores a las necesidades de la persona. Este experto explica que "vulnerabilidad mide lo bien que las personas están protegidas ante los riesgos".
En la elaboración de las tablas biométricas de 2023, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones reclama un "razonable equilibrio entre equidad y mutualización"; avanzar "en la inclusión social del seguro"; preservar la capacidad competitiva y la solvencia; y aplicar "principios éticos en la suscripción de riesgos y fijación de precios".
Pero José Miguel Rodríguez-Pardo resalta, que tras cuatro años de Ingreso Mínimo Vital, apenas llega a l 12% de la población vulnerable en España; y las personas en pobreza extrema suponen el 0,89% de los españoles. "Una sociedad no se puede permitir 2,5 millones de personas que se sienten solas", subraya. Por tanto, hay que "llegar a la comunidad vulnerable, tanto económica, ecológica como socialmente, que no tiene acceso al seguro".
DGSFP: valor añadido a los clientes
En su primera intervención pública tras su nombramiento como director general de Seguros y Fondos de Pensiones, José Antonio Fernández de Pinto aprovecha la jornada del Instituto de Actuarios para desvelar su 'hoja de ruta'. El proceso de bajada de los tipos debe ser una oportunidad para que las aseguradoras fomenten el ahorro a largo plazo: “Estamos empezando a ver los frutos de la buena gestión de las aseguradoras a la hora de presentar buenos productos, pero han de dar valor añadido a los clientes aprovechando la situación actual de tipos de interés”, siempre dentro de una gestión de las inversiones “prudente”.
También reclama que la transformación digital y tecnológica de las entidades beneficie a los clientes, con un uso “responsable y ético de los datos”.
Recuerda que el proyecto de Ley de RC y Seguro de Autos refuerza el poder de la DGSFP para garantizar la idoneidad de las personas que dirigen las aseguradoras. En ese sentido, José Antonio Fernández de Pinto exige más diversidad en los consejos de administración, "no sólo de género, sino de conocimientos y formación continua".
Entre los proyectos de la DGSFP, la concreción normativa de la revisión de Solvencia II, la transposición de la Directiva de Recuperación y Resolución, y la aplicación de la IFRS 17 y la 9 al nuevo Plan General Contable.
Pablo Hernández de Cos, actuario de honor
Por otra parte, la Asamblea General del Instituto de Actuarios Españoles ha aprobado por unanimidad, a propuesta de la Junta de Gobierno, el nombramiento de Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España y presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, como Colegiado de Honor.
Fernando Ariza, presidente del Instituto de Actuarios Españoles, destaca "su labor como investigador y divulgador en el campo de la previsión social, sobre la equidad, suficiencia y sostenibilidad del sistema público de pensiones", y también que "su disposición a colaborar con el Instituto en estos últimos años ha sido muy valorada por los actuarios, que empiezan a asumir importantes funciones en el sector bancario”. En marzo "nos reunimos con él y con su equipo, y hablamos de la preocupación que tenemos como profesión para buscar fórmulas que estudien el gap de protección aseguradora y cómo reducirlo, para lo cual el Banco de España dispone de microdatos muy útiles para nuestros estudios sobre esta materia”.
Pablo Hernández de Cos, que agradece el nombramiento en un video, es la segunda persona que no es actuaria a quien el Instituto le nombra Colegiado de Honor, tras haber nombrado en 2023 al economista y experto en pensiones, José Antonio Herce.