Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), entidad especialista en financiación sostenible de vivienda, sitúa la previsión de hipotecas firmadas en 2025 por encima de las 400.000 operaciones, gracias a un entorno económico más favorable que podría traducirse en más de 700.000 compraventas de vivienda en el conjunto del año.
“Entramos en un ciclo de financiación más favorable. La bajada de tipos supone una ventana de oportunidad para familias que habían paralizado su decisión de compra. Ahora, con un acceso al crédito más viable, estamos viendo cómo se reactivan operaciones en distintos perfiles de compradores”, explica José Manuel Fernández, subdirector general de UCI.
El periodo estival, que en otras ocasiones ha estado marcado por un ritmo más lento en la firma de hipotecas, se presenta este año con un perfil mucho más dinámico. Para UCI, el verano puede convertirse en un punto de inflexión, donde muchos compradores retoman proyectos personales y aprovechan las nuevas condiciones financieras para cerrar operaciones.
Sin embargo, la entidad subraya que la mejora en la financiación no resuelve por sí sola los desequilibrios del mercado. La escasez de vivienda disponible sigue siendo el gran desafío. La falta de suelo finalista, los retrasos administrativos en los desarrollos urbanísticos y una presión demográfica sostenida dificultan el ajuste entre oferta y demanda.
“Tenemos una oportunidad única con los tipos bajos, pero si no generamos suficiente oferta, corremos el riesgo de convertir esa oportunidad en frustración social. No es una cuestión solo de acceso al crédito; es también un problema de disponibilidad de producto”, señala Fernández.
Para responder a este desequilibrio, UCI propone actuar sobre la raíz del problema. Es necesario liberar suelo urbanizable, agilizar los trámites de concesión de licencias, apostar por la industrialización de la construcción y facilitar el acceso a la financiación tanto a particulares como a promotores. “No estamos ante un escenario de especulación ni de endeudamiento excesivo. Lo que existe es una disfunción estructural entre la oferta y la demanda. Resolverla exige políticas eficaces, planificación a largo plazo y una visión compartida del futuro de la vivienda en España”, concluye.