Miguel Ángel Valero
Prácticamente a la misma hora que el presidente de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, se reunía en la Embajada en Madrid con presidentes y CEO de empresas españolas con intereses allí tras afirmar, en la presentación de su libro "El camino del libertario" (editorial Deusto, del grupo Planeta) en el diario 'La Razón', que la "idea de la justicia social es de resentidos, envidiosos, algo aberrante, porque implica un trato desigual ante la ley, porque implica violencia, porque para hacer una política redistributiva se lo tienen que robar a otro", un centenar de antiguos becarios de investigación y docencia se concentraba en la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la capital de España para exigir que se termine "lo antes posible" con una "injusticia histórica".
Con gritos de "ministra, escucha, becarios en la lucha", denuncian que licenciados, doctores y personas con otras titulaciones trabajaron como personal investigador, docente o de gestión sin que se reconociera esa relación laboral.
Ninguna de las instituciones beneficiarias de la labor de ese personal becario cotizó en su momento a la Seguridad Social, por lo que esos trabajadores no disfrutaron de derechos laborales como las bajas. Tampoco generó derechos de cara a la pensión por jubilación ni para el cómputo de la antigüedad.
Pero sí tuvieron que cumplir con las mismas obligaciones laborales y fiscales que el personal con contrato. Entre ellas, tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Además, mientras la actividad investigadora desarrollada por los becarios durante esos años se reconoce, y se retribuye, en forma de sexenios, en su vida laboral, a todos los efectos, no existen.
Otro personal también prestó servicios para la Administración sin recibir remuneración ni reconocimiento, y suscribió contratos administrativos por los que tampoco se cotizó a la Seguridad Social.
Convenio especial
Tras muchos años de reclamaciones, el 1 de mayo se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden ISM/386/2024, de 29 de abril, por la que se regula la suscripción de convenio especial con la Seguridad Social a efectos del cómputo de la cotización por los períodos de prácticas formativas y de prácticas académicas externas reguladas en la disposición adicional quincuagésima segunda del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, realizadas con anterioridad a su fecha de entrada en vigor.
Para los antiguos becarios, es un avance, pero insuficiente, porque hay algunos con hasta 15 años sin cotización, y la norma solo permite recuperar un máximo de 5. Pero la principal queja es que se pretende obligar a que abonen las cuotas correspondientes más las que como empresa se ahorró la Administración: 300€ mensuales de ahora, 17.000€ por cinco años. El trabajo de los becarios sin derechos terminó en 2011, pero la Administración pretende que paguen las cotizaciones "a precios de 2024", denuncian en un comunicado asociaciones científicas, plataformas de afectados y sindicatos firmantes. Esto significa que "algunos tendrían que pagar más de lo que percibieron como beca hace varias décadas".
Además, la Orden no incluye a los jubilados ni a las becas con cargo a proyectos de investigación. Y tampoco considera la situación de los antiguos becarios que actualmente se encuentran en paro.
Por eso reclaman: