La cita previa, que se impulsó como medida de emergencia sanitaria, se ha consolidado como una barrera estructural que impide a miles de ciudadanos ejercer su derecho a ser atendidos presencialmente por la Administración Pública. Lo que debía ser una herramienta de orden y eficiencia, se ha transformado en un filtro excluyente sin base legal suficiente. Por eso, el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos lanza el Manifiesto por el Derecho a la Atención Presencial Efectiva, acompañado de un informe que demuestra con datos el colapso del sistema actual y llama a una movilización general para exigir una atención pública digna, cercana y accesible.
El informe, elaborado por el Observatorio de Gestión Pública del ICOGAM, analiza durante un año la disponibilidad de cita previa en 25 de los trámites más relevantes de los ministerios de Interior, Hacienda, Justicia, Inclusión y Educación. Las conclusiones son contundentes: más del 80 % de los trámites analizados carecieron de cita en algún momento entre julio de 2024 y junio de 2025. En los casos más graves, los ciudadanos llegaron a esperar hasta 36 días para obtener una cita, como ocurrió con la expedición del DNI en el mes de julio. Las oficinas de la Seguridad Social, las jefaturas de tráfico y los servicios de extranjería son los más afectados. El único ministerio que mantuvo la disponibilidad casi completa fue Hacienda, aunque incluso allí se detectaron picos de demora de hasta diez días.
La situación no solo es insostenible desde un punto de vista organizativo, sino que choca frontalmente con lo establecido por la ley. El artículo 14.1 de la Ley 39/2015 reconoce el derecho de las personas físicas a elegir cómo se relacionan con la Administración: de forma electrónica o presencial. La imposibilidad real de acceder físicamente a una oficina pública, salvo que se disponga de una cita previa muchas veces inaccesible, convierte este derecho en papel mojado. Para muchas personas mayores, migrantes o ciudadanos con menor acceso a medios digitales, esa barrera es simplemente insalvable. La cita previa, lejos de ser una herramienta útil, se ha convertido en un mecanismo de exclusión.
Por este motivo, los Gestores Administrativos han impulsado una campaña que busca sumar apoyos entre entidades sociales, profesionales, asociaciones ciudadanas y personas particulares. El objetivo es recuperar un modelo de atención presencial que funcione y que respete el principio de legalidad, sin eliminar la cita previa como opción, pero devolviéndole su carácter original de instrumento complementario, no excluyente.
El Manifiesto reclama que se garantice siempre la atención sin cita previa como alternativa real, que se refuercen los medios humanos y tecnológicos de las oficinas públicas para absorber la demanda y que se prohíba la imposición de la cita previa como única vía de acceso. En palabras de Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente de los Gestores Administrativos, "la Administración no puede comportarse como un club privado. Los derechos no se reservan: se ejercen. Si un ciudadano no puede obtener una cita, no puede ejercer su derecho. Y eso es inadmisible en un Estado de Derecho".
El Consejo General ha preparado un documento de adhesión, que puede firmarse a través de la web del propio Consejo (www.consejogeneral.org) o que se puede encontrar en redes sociales y remitir a la dirección de correo electrónico.
El Consejo General se dirigirá a otras organizaciones y a representantes institucionales para sumar adhesiones y presentar el informe en instancias parlamentarias, otras instituciones, como el Defensor del Pueblo, y medios de comunicación. La campaña aspira a lograr que la atención presencial vuelva a ser un derecho real, accesible y respetado, no una ficción sujeta a disponibilidad tecnológica o a burocracias imposibles.
La iniciativa no va contra el uso razonable de la tecnología, sino contra su mal uso como barrera. "Es perfectamente posible tener una Administración moderna y eficaz sin excluir a los ciudadanos del mostrador. Solo hace falta voluntad política y respeto por la legalidad", insiste Fernando Jesús Santiago.