Cientos de interinos de las Administraciones Públicas han reclamado ante el Congreso de los Diputados una solución definitiva para el abuso de la temporalidad. El presidente de la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (ANSITI), Lorenzo Campillo, reclama que el proyecto de ley de función pública que se tramita en el Congreso reconozca a todos los perjudicados por la temporalidad. Y que se haga una correcta aplicación de la Directiva europea relativa al trabajo de duración determinada, "que lleva 25 años sin ser traspuesta".
También pide la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para recoger que, a partir del tercer año, se decrete la fijeza del personal en abuso, así como que se readmita a todos los interinos que, estando en abuso de la temporalidad, hayan sido cesados por las Administraciones Públicas.
El jueves 9 de octubre está previsto que el Abogado General de la Unión Europea emita un informe (que no es vinculante, pero suele acercarse a lo que dicten los jueves del Tribunal de la UE en su sentencia) acerca de una cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo español.
El 22 de febrero de 2024 una sentencia del TUE, en respuesta a una cuestión prejudicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, consideró que la normativa española sobre temporalidad en las Administraciones contravenía la normativa europea. Argumentaba que la ley española, y en particular la figura creada por los tribunales del indefinido no fijo, así como las indemnizaciones previstas para los interinos tras su cese y los procesos de estabilización, no eran en ningún caso medidas suficientemente disuasorias para que las Administraciones no abusaran de la temporalidad.
El TUE cuestionaba la efectividad de las medidas que ha emprendido España para intentar atajar el abuso de la temporalidad pública y su encaje en la Directiva europea.
Pese a ello, la mayoría de las sentencias sobre este asunto en España rechazan hacer fijos a estos trabajadores, ya que sostienen que sta condición solo se adquiere en la Administración española, según la Constitución, si se ha accedido al puesto en condiciones de “igualdad, mérito y capacidad”. Y eso se interpreta como posible solo a través de una oposición.
El caso sobre el que se pronunció el TUE en febrero de 2024 se refería a una trabajadora que era personal laboral indefinida no fija, pero el tribunal dijo en aquella ocasión que esa categoría, marcada durante años por la jurisprudencia del Supremo, no era suficiente, debido a que esta modalidad contractual seguía siendo a ojos de los magistrados comunitarios un empleo temporal. Tras el fallo, los tribunales españoles han dictado sentencias en ambos sentidos contradictorios: convirtiendo a empleados públicos temporales en fijos, pero también rechazando esta posibilidad, al considerarla inconstitucional.
El TUE ya ha dictaminado en varias ocasiones que en España no se está aplicando correctamente la Directiva europea relativa al trabajo de duración determinada, que establece que se deben "prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada". E instó a convertir en fijos a los interinos de larga duración que no han obtenido aún su plaza, los denominados indefinidos no fijos. Posteriormente, avaló también convertir a los interinos públicos en fijos como medida sancionadora frente al abuso de contratos temporales, al considerar que los trabajadores indefinidos no fijos no son otra cosa que empleados temporales.
Por su parte, el Tribunal Supremo español ha reiterado en varias sentencias que el ordenamiento jurídico del país no permite convertir en funcionario fijo o equiparable a quien ha recibido nombramientos temporales abusivos sin que medien los procesos selectivos previstos por la ley. No se opone a la Directiva europea ni a las sentencias del TUE y señala que quien haya sido objeto de nombramientos temporales abusivos, si acredita haber sufrido perjuicios por esa causa, tendrá derecho a ser indemnizado.
Ante esta situación, el Supremo decidió en mayo de 2024 remitir una cuestión prejudicial al TUE.
Las Administraciones públicas españolas tienen más de 700.000 trabajadores interinos, además de otros 648.000 con categoría de personal laboral (temporal, indefinido e indefinido no fijos) pendientes de lo que diga la justicia europea sobre las condiciones para hacerlos fijos o no.
Ante esta situación, el Supremo decidió en mayo de 2024 remitir su cuestión prejudicial al TUE. La posición que tome el Abogado General de la UE puede abrir la puerta a nuevas sanciones al Estado español por incumplimiento de la normativa europea. En el quinto desembolso del fondo de recuperación, España percibió 23.000 millones€, al ser descontados, 627 millones al considerar la Comisión Europea "insuficientes" las medidas adoptadas para reducir la temporalidad en el sector público.