El I Estudio sobre las familias con personas en situación de dependencia en España, realizado por Fundación Caser (grupo Helvetia), aporta una investigación que radiografía el actual modelo de cuidados y propone una hoja de ruta, asentada sobre 10 medidas clave, para su transformación y mejora. El informe identifica las principales barreras estructurales que afectan a las familias con dependientes y plantea una reforma que garantice la sostenibilidad del sistema y una mayor equidad social, teniendo en cuenta que el problema de la dependencia irá a más por el envejecimiento de la pirámide generacional y la reducción del número de personas que conforman los hogares.
Elaborado a partir de fuentes estadísticas oficiales (como la Encuesta EDAD 2020 del INE) y mediante una metodología mixta (revisión bibliográfica, análisis cuantitativo y entrevistas cualitativas), el estudio de la Fundación Caser pone el foco en el papel central que desempeñan las familias -y en particular las mujeres- en el cuidado de personas dependientes.
“Existe la paradoja de un modelo de bienestar que, pese a los avances legislativos, sigue descansando en la sobrecarga de las familias, particularmente de las mujeres. El reto está en evolucionar la estructura y composición de los cuidados para que sea más integral, profesionalizada y equitativa. La reforma del sistema de cuidados no solo es una cuestión de justicia social y de igualdad de género, sino también una condición imprescindible para la sostenibilidad del modelo de bienestar en España”, señala Agustín Huete, director del estudio.
Con el objetivo de fortalecer el sistema de apoyos y responder a los nuevos escenarios demográficos y sociales, Fundación Caser plantea un decálogo de iniciativas:
De acuerdo con el I Estudio sobre las familias con personas en situación de dependencia en España, las mujeres son las principales cuidadoras de dependientes dentro del ámbito familiar. Esta dedicación no es inocua para ellas, ya que implica costes personales, económicos y emocionales: abandono de la vida laboral, reducción de ingresos, desgaste físico, impacto en la salud mental y dificultades de conciliación, entre otros.
Según los datos recogidos en la tabla de perfiles del estudio, el 55% de los apoyos informales son prestados por hijas, madres o esposas que, en su mayoría, tienen entre 45 y 64 años y compaginan esta labor con empleo, tareas domésticas y otros cuidados.
Además, la estructura del apoyo familiar a dependientes ya es en sí mismo un problema por la falta de reconocimiento, ya que estas responsabilidades no se remuneran ni otorgan derechos. Se prestan en el ámbito privado del hogar, sin reconocimientos laborales, sin cobertura suficiente y sin los apoyos necesarios. En muchos casos, el rol de la cuidadora se asume por obligación o falta de alternativas, y condiciona la organización familiar, la salud de quien cuida y la calidad de vida del conjunto del hogar.
Poe si no fuera suficiente, el modelo de cobertura del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) obliga a las familias a complementar, o incluso sustituir, los apoyos institucionales. Listas de espera prolongadas, falta de servicios accesibles, desigualdad territorial y una burocracia excesivamente compleja suponen un obstáculo añadido para muchas familias que ya viven situaciones vulnerables y para los que la ayuda económica no soluciona el problema.