La Comisión Europea ha puesto en marcha una Hoja de ruta hacia los créditos naturaleza, para incentivar las inversiones privadas en actuaciones de protección y preservación de la naturaleza, y recompensar a quienes emprendan esas acciones e inviertan en ellas.
Los créditos naturaleza representan una inversión en actuaciones positivas para la naturaleza por parte de una empresa, una institución financiera, una entidad pública o un ciudadano, a cambio de beneficiarse de ecosistemas más limpios, reducción del riesgo, mejora de la reputación y mayor aceptación social de sus proyectos.
Estas actuaciones positivas para la naturaleza podrán ser valoradas y certificadas por una organización independiente, de manera que ganarán credibilidad los inversores patrocinadores de las actuaciones realizadas por medio de créditos naturaleza. Estas actuaciones pueden adoptar diferentes formas, algunas de las cuales son la restauración de humedales o la ampliación de las zonas forestales en la UE.
Facilidades para informar sobre sostenibilidad
Por otra parte, la Comisión Europea aprobó una enmienda de “solución rápida” al primer conjunto de Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS), dirigida a facilitar el cumplimiento por parte de las empresas que deben reportar en 2025 bajo la Directiva CSRD.
Las compañías de la 'primera ola' podrán seguir omitiendo determinadas divulgaciones (como los efectos financieros de los riesgos ASG, ambientales, sociales, y de gobernanza) hasta los ejercicios 2025 y 2026, lo que les permitirá mantener el nivel de información exigido para 2024.
Además, se extiende la gradualidad prevista para empresas con menos de 750 empleados también a las de mayor tamaño. Esta medida se alinea con el aplazamiento ya aprobado para las siguientes fases de aplicación. La enmienda será ahora revisada por el Parlamento Europeo y el Consejo.
Intervención de la Defensora del Pueblo
Por su parte, la Defensora del Pueblo de la Unión Europea, Teresa Anjinho, ha pedido a la Comisión Europea que dé explicaciones sobre su incumplimiento de una serie de pasos procesales requeridos en su intento de acelerar su iniciativa "Ómnibus" para simplificar y reducir los informes de sostenibilidad corporativa y los requisitos de diligencia debida, incluida la omisión de una consulta pública y una evaluación del impacto en los objetivos climáticos de la UE.
La solicitud de información, enviada en una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, constituye el siguiente paso de una investigación sobre la propuesta ómnibus, iniciada por el Defensor del Pueblo en mayo, tras las quejas que argumentaban que la Comisión no cumplió con sus "Directrices para una mejor regulación", que establecen los principios que la Comisión Europea debe seguir al preparar nuevas iniciativas y propuestas.
Solapamiento entre normas de sostenibilidad
La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha publicado un estudio, realizado por el think tank CEPS, sobre los solapamientos entre las principales normas europeas de sostenibilidad: la CSRD, la CSDDD y la Taxonomía de la UE.
El informe, enmarcado en el contexto de la propuesta de simplificación "Ómnibus I", alerta sobre el exceso de carga regulatoria y la falta de una evaluación de impacto rigurosa. El estudio propone medidas para limitar estos solapamientos y mejorar la coherencia, como orientaciones técnicas, plantillas armonizadas y una estructura común para métricas y divulgaciones. Y advierte que simplificar no debe traducirse en debilitar el marco normativo, que es clave para garantizar la competitividad y el crecimiento sostenible.