Jonathan Capelo, asesor patrimonial en Portocolom AV, señala que cuando hablamos de renta fija ASG, lo primero que suele venir a la mente son los bonos medioambientales, también conocidos como bonos verdes (green bonds). No obstante, existen otras categorías dentro del universo ASG que persiguen otros objetivos sostenibles.
Según la clasificación de la International Capital Market Association (ICMA), entidad que establece los principios orientadores para este tipo de vehículos, los bonos ASG se dividenen cuatro grandes grupos: verdes, sociales, sostenibles y ligados a la sostenibilidad, en función del propósito que la empresa emisora busca financiar.
Los bonos verdes financian proyectos relacionados con eficiencia energética, energías renovables o gestión de residuos. Los bonos sociales se destinan a iniciativas como educación, inclusión financiera o vivienda asequible. Los sostenibles combinan ambos, y los bonos ligados a la sostenibilidad no financian un proyecto específico, sino que vinculan el tipo de interés final a objetivos previamente definidos por la empresa emisora, como la reducción de emisiones de CO₂, la creación de empleo o la paridad de género en puestos directivos. Si estos objetivos no se cumplen, el emisor debe pagar un interés mayor.
Recientemente han surgido nuevas fórmulas de financiación sostenible, como los bonos de transición, emitidos principalmente por empresas de sectores intensivos en carbono que buscan financiación comprometiéndose a reducir sus emisiones.
De acuerdo con el último informe del Banco Mundial sobre bonos sostenibles, en el segundo trimestre de 2025 el volumen total de bonos ASG (incluyendo bonos verdes, sociales, sostenibles y ligados a la sostenibilidad) alcanzó los 6,3 billones$.
Aunque los bonos verdes continúan representando la mayor parte de las emisiones, es fundamental que el inversor conozca las alternativas disponibles y las diferencias clave entre ellas.
Signos de estabilización
Del último estudio del Banco Mundial en este segundo trimestre de 2025 se desprenden varias conclusiones relevantes. En general el mercado de bonos ASG muestra signos de estabilización. Aunque los bonos verdes siguen liderando este mercado, las emisiones en otras categorías han crecido significativamente, especialmente desde 2020, impulsadas por el COVID-19 y la necesidad de financiar proyectos sociales por parte de gobiernos nacionales, supranacionales y corporaciones.
Mientras que en los mercados desarrollados el crecimiento fue notable y se ha estancado, en mercados emergentes los bonos ASG se consolidan como una vía de financiación clave, con especial protagonismo de los bonos no verdes.
Los bonos ligados a la sostenibilidad han disminuido en popularidad, en parte debido a cambios regulatorios que exigen mayor transparencia y rigor.
Como ocurre con cualquier oportunidad de inversión, este tipo de instrumentos conllevan determinados riesgos que deben ser evaluados cuidadosamente. Uno de los principales desafíos es la regulación y la ausencia de homogeneidad, ya que aún está en desarrollo y sujeta a cambios frecuentes, especialmente en lo relativo a criterios ASG.
Algo parecido ocurrió con la normativa de finanzas sostenibles SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) para fondos y ETF, que ha generado controversia por prácticas de ecoblanqueo (greenwashing), aparentando sostenibilidad sin cumplir realmente con los estándares exigidos.
¿Cómo pueden afrontar los inversores estos nuevos desafíos? Contar con un asesor independiente especializado en sostenibilidad es clave para guiar al cliente a invertir en estos bonos. Realizar un análisis más profundo y no quedarse “solo” en la etiqueta verde o social.
Para clientes institucionales y privados con preferencias ASG, estos bonos representan una inversión esencial que complementa con el resto de los activos tradicionales en cartera. Por ello, es fundamental vincular la inversión con conceptos clave como intencionalidad, adicionalidad y materialidad, garantizando así una alineación auténtica del cliente con su misión, visión y valores.
Un ejemplo ilustrativo lo encontramos en entidades de carácter religioso, que "en reiteradas ocasiones nos piden un análisis detallado de sus carteras de inversión y observamos que en la mayoría de los casos sus inversiones no casan con sus objetivos y creencias ya que, a pesar de que se aplican criterios de exclusión o ASG, no están alineados con la Doctrina Social de la Iglesia", remarca el experto de Portocolom.
Algunas buenas prácticas incluyen evaluar el destino de los fondos, la credibilidad del emisor y la alineación de la emisión con los estándares reconocidos, realizando el estudio no sólo antes de la compra, sino periódicamente, verificando que las métricas de impacto se cumplen y son cuantificables, comparables y transparentes.
Además, priorizar emisiones que cuenten con auditorías externas y se adhieran a marcos como los principios de ICMA o los estándares de la iniciativa Climate Bonds.
También, considerar que las emisiones más recientes suelen estar sujetas a criterios más estrictos, lo que puede ofrecer una mayor seguridad regulatoria.