El presidente de Repsol, Antonio Brufau, defiende en la Junta General de Accionistas la necesidad de realizar cambios y replantearse las políticas para lograr una Europa competitiva y en igualdad de condiciones respecto a Estados Unidos y China. Pide que Europa reaccione ante la pérdida de su peso industrial. En 2023, el PIB industrial de la Unión Europea se situó en el 17,5%, muy alejado del objetivo del 20% fijado para 2020, por una compleja sobrerregulación y un excesivo énfasis en la sostenibilidad, sin tener en cuenta otros aspectos esenciales, como la garantía de suministro. Mientras, al contrario, China y Estados Unidos promueven, protegen e incentivan sus industrias.
“La industria es un motor esencial para la prosperidad económica y el bienestar social de Europa. Este sector estratégico lidera el desarrollo tecnológico y la innovación, pero también destaca por su capacidad de crear empleos de calidad, su efecto tractor en otros ámbitos de la economía y su impacto positivo en la balanza comercial”, argumenta.
La Unión Europea debe continuar liderando el proceso de transición energética, pero poniendo las políticas industriales en un primer plano de sus prioridades estratégicas: “El equilibrio entre seguridad de suministro de energía, competitividad y sostenibilidad, el trilema energético, es crítico para el desarrollo y la prosperidad de nuestra región”. La consecuencia es que en 2023 el precio de la electricidad para la industria en Europa fue 2,6 veces más caro que en Estados Unidos, y el del gas natural, 5,8 veces superior.
“En los próximos años veremos si Europa queda como un mero campo de juego para la competencia de otros actores o si relanzamos nuestra presencia mediante la revitalización de nuestra industria y la creación de un mercado único real. La transición hacia una economía baja en carbono no será fácil, ni barata, pero es imprescindible”, insiste el presidente de Repsol, que reclama "un compromiso político a largo plazo para reindustrializar Europa y poder competir en igualdad de condiciones con otras regiones, pero siempre en el marco de una transición energética que consiga resultados efectivos en la lucha contra el cambio climático”.
Mejora de la retribución a los accionistas
Por su parte, el consejero delegado, Josu Jon Imaz, insiste en que la estrategia del grupo fija un nuevo marco de asignación de capital con tres grandes prioridades: mejorar la retribución a los accionistas, mantener la calificación crediticia actual y un balance sólido, e implementar un plan de inversiones netas de entre 16.000 millones y 19.000 millones€ hasta 2027, de los que más de un 35% se destinará a iniciativas bajas en carbono.
La política retributiva de la compañía −con el compromiso de destinar entre un 25% y un 35% del flujo de caja de las operaciones− continúa siendo una de las más atractivas de la Bolsa española y del sector. Repsol distribuirá 4.600 millones en efectivo en el periodo 2024-2027, una retribución que se completará con recompras de acciones de hasta 5.400 millones.
Anuncia la transformación de sus complejos industriales en centros multienergéticos, desarrollando plataformas de combustibles renovables y otras energías bajas en carbono. En la refinería de Cartagena, la compañía ha comenzado a producir combustibles 100% renovables a gran escala, con una inversión de 250 millones y una capacidad de producción de 250.000 toneladas al año. En este sentido, el gravamen a las compañías energéticas, que “se ideó como temporal y extraordinario”, penaliza ese esfuerzo, y “castiga a empresas que, como Repsol, invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética del país”.
Los accionistas han aprobado la gestión de la compañía en 2023, la propuesta de un dividendo complementario de 0,5€ brutos por acción , por lo que el dividendo total en efectivo aumentará un 29%, hasta los 0,9€; más el reparto de otros 0,45€ brutos por acción con cargo a reservas libres. También han dado el nihil obstat a una reducción del capital social, mediante amortización de 40 millones de acciones propias y a la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ejecutar reducciones adicionales hasta un máximo del 10%.