La edad efectiva de jubilación supera los 65 años

La nueva edición del Pensiómetro del Instituto Santalucía, órgano de reflexión del grupo asegurador, recoge los datos del sistema público de pensiones actualizados a diciembre de 2024 y enero de 2025. Ha sido elaborado por varios integrantes del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social: Enrique Devesa, Mar Devesa y Robert Meneu, profesores de la Universidad de Valencia; Borja Encinas e Inmaculada Domínguez, profesores de la Universidad de Extremadura; y Miguel Ángel García, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.

En esta edición, el Pensiómetro ha actualizado 18 de los 20 indicadores del sistema público de pensiones español respecto a la edición de septiembre de 2024, ya que los dos indicadores relacionados con la variable salario, que son anuales y no trimestrales, se actualizan en la edición de junio. Estos indicadores engloban numerosas dimensiones, como son demográfica, cobertura, edad de jubilación, solidaridad, sostenibilidad, reemplazo, brecha de género, ingresos, gastos y saldo. 

Entre los aspectos más destacados se encuentran:

• Demografía: la tasa inversa de dependencia, que es el indicador demográfico de referencia, cae a 2,93, marcando un nuevo mínimo. El envejecimiento acelera el aumento de pensionistas, especialmente mayores de 65 años, presionando las cuentas del sistema.
• Edad efectiva de jubilación: alcanza los 65,06 años en diciembre de 2024, frente a los 64,90 del año anterior. La tendencia sigue siendo de aumento, aunque en 2024 el incremento fue algo inferior al de la edad legal.
• Solidaridad: el peso del complemento a mínimos se mantiene estable en el 4,3%, rompiendo la tendencia decreciente. Tanto es así que, gracias a la revalorización de las pensiones mínimas prevista por el Real Decreto-ley 2/2023, esta tendencia incluso pasará a ser creciente como mínimo hasta 2027.
• Generosidad: la pensión media por pensionista se sitúa en 1.394,47 €/mes, un 5,3% más que en 2023, impulsada por la revalorización general y las medidas adicionales que benefician a las pensiones mínimas y reducen la brecha de género.
• Brecha de género: la pensión media de jubilación de las mujeres representa ya un 69,2% de la de los hombres (60% en 2012), una tendencia positiva reforzada por medidas recientes que favorecen especialmente a las mujeres. También hay que señalar que para las nuevas pensiones de jubilación la brecha de género se sitúa en el 81,9%.

El estudio recoge un cuadro con dos nuevos conceptos:

• una transferencia del Estado que se ha llamado improcedente y que se puede interpretar como un indicador del esfuerzo que está realizando la sociedad en su conjunto para financiar el exceso de gasto en pensiones contributivas que no se paga con ingresos contributivos;
• y las transferencias del Estado procedentes, que sirven para financiar las pensiones de clases pasivas, las no contributivas, el complemento a mínimos y el complemento de brecha de género.

Ampliando al resto del Sistema de la Seguridad Social, incluyendo las transferencias para otras prestaciones (fundamentalmente ingreso mínimo vital y transferencia a comunidades autónomas para dependencia) y gastos no contributivos, el peso de las transferencias del Estado al sistema de pensiones y resto de prestaciones de la Seguridad Social llegaría al 4,7% del PIB.

Repunte del déficit contributivo

Uno de los aspectos más relevantes de esta edición es el análisis contable del sistema, donde se evidencia un freno en la tendencia de reducción del déficit iniciada tras la pandemia. El déficit contributivo asciende a 31.315 millones€ un 1,97% del PIB, frente al 1,9% del año anterior. Este empeoramiento rompe la estabilidad observada entre 2022 y 2023 y podría anticipar nuevos retos. Este aumento del déficit podría haber sido mayor si los ingresos por cotizaciones no hubieran crecido tanto, un 7%, impulsados por el aumento de la cotización media y del empleo. Sin embargo, este incremento ha sido insuficiente para compensar el ritmo de crecimiento del gasto, 6,80%.

El informe estima que el gasto público total en pensiones en 2024 ha alcanzado los 206.172 millones, lo que equivale al 13% del PIB. Este cálculo, basado en la ejecución presupuestaria provisional, incluye pensiones contributivas, no contributivas, complementos a mínimos y pensiones de clases pasivas. De ese total, cerca de 26.526 millones corresponden a transferencias del Estado necesarias para cubrir el déficit del sistema contributivo, lo que pone de manifiesto el esfuerzo fiscal adicional que la sociedad española realiza en su conjunto para financiar el exceso de gasto en pensiones contributivas y sostener el sistema público de pensiones.

En este sentido, José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto Santalucía, señala que “el Pensiómetro no solo permite conocer la evolución de los principales indicadores del sistema público de pensiones, sino que también ayuda a anticipar las necesidades de reforma y los posibles desequilibrios financieros. En un contexto de envejecimiento acelerado y cambios estructurales en el empleo, contar con esta herramienta es más importante que nunca. El Instituto Santalucía reafirma así su papel como actor clave en el análisis del sistema público de pensiones en España, aportando información rigurosa y accesible para ciudadanos, expertos y responsables públicos”.