El seguro de Decesos, del que existen 22 millones de personas aseguradas en España, tiene una penetración desigual por provincias, niveles de renta y tamaños de hábitat, siendo menor en zonas urbanas y entre rentas más elevadas. Es la conclusión del artículo de investigación “Radiografía del seguro de decesos en España” que publica el Instituto de Actuarios de España en Anales del Instituto de Actuarios Españoles y del que son autores Josep Lledó, Priscila Espinosa y José M. Pavía, investigadores de la Universitat de València.
La investigación analiza una muestra representativa de 2,1 millones de pólizas, que suponen casi el 10% de todo el seguro de Decesos del mercado, vinculadas a su código postal, y a variables socioeconómicas oficiales del INE.
Entre las principales conclusiones de la investigación se encuentran una penetración desigual por provincias, niveles de renta y tamaños de hábitat, siendo su contratación menor en las zonas urbanas y entre las rentas más elevadas, influyendo también el nivel educativo. El nivel educativo es una variable que influye por encima del nivel económico. La contratación de los seguros de Decesos es más común en los deciles medio-bajos de las distribuciones de renta, especialmente en los deciles medios, lo que supone que los hogares con mayores ingresos muestran menor propensión a contratar este ramo de Decesos, que tiene 22 millones de personas aseguradas en España, según datos de la Memoria Social del Seguro de Unespa.
La mayor penetración en rentas medias y bajas sugiere que estos grupos de población perciben este seguro como una herramienta útil para evitar cargas económicas inesperadas a las familias ante un fallecimiento.
Por tamaño de hábitat, se detecta una mayor concentración de pólizas en municipios de tamaño intermedio y grande, en general fuera de las grandes áreas metropolitanas, siendo en las zonas metropolitanas menor la contratación. Castilla-La Mancha se sitúa por encima de la media en aseguramiento, y por debajo de la media nos encontramos por el contrario Galicia y noroeste de Castilla y León. Por provincias, aquellas en las que este seguro tiene más penetración son Toledo, Ávila, Cantabria y Ciudad Real, y las de menor penetración son Teruel, Palencia, Orense y Álava.
El estudio es un indicador del grado de penetración del seguro por provincias y de caracterización del perfil de quienes contratan un seguro de Decesos, y elabora una radiografía de este mercado a nivel nacional, complementando la información de la cartera con variables de renta, tamaño de hábitat y nivel educativo, extraídas todas ellas del Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas variables fueron seleccionadas por su influencia en las decisiones de contratación, ya que reflejan tanto la capacidad económica como el contexto socioespacial en el que residen los asegurados.
El seguro de Decesos es uno de los seguros más extendidos en España. Se trata de seguros socialmente muy asentados en España, lo que nos distingue de otros mercados similares en Europa, con un fuerte componente cultural, y con una elevada cobertura de población.
Este tipo de seguros cubre los costes del sepelio, y otros añadidos como traslados funerarios y alquiler de salas en tanatorios, y en los últimos ofrecen mayor valor añadido con trámites administrativos o borrado de identidad y huella digital, entre otros, atendiendo a las nuevas demandas de los asegurados.
El Instituto de Actuarios de España destaca que el riesgo de fallecimiento se evalúa actuarialmente a partir de tablas de mortalidad, que recogen las probabilidades de morir en cada edad y que se construyen con datos estadísticos poblacionales y de asegurados. Los actuarios combinan estas probabilidades con factores adicionales (ejemplo: género, estado de salud, profesión, hábitos de vida…) para estimar la esperanza de vida y la probabilidad de fallecer en un período concreto. Con estos cálculos se obtiene el valor esperado de siniestralidad, que es la base sobre la que se construye la prima a pagar. Los actuarios aseguran así que el seguro sea técnicamente equilibrado, que las primas cubran las prestaciones y el margen comercial razonable de la entidad, y la solvencia de las entidades para atender sus compromisos.