La entrada en vigor de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario (LCCI) en 2019 supuso un hito en la regulación del mercado hipotecario en España, al introducir mayores niveles de transparencia y seguridad en el proceso de contratación. Este marco normativo ha permitido que los ciudadanos accedan a información más clara, comprensible y detallada sobre las condiciones de los préstamos hipotecarios, favoreciendo una toma de decisiones más fundamentada. A ello se suma la proliferación de recursos digitales, como comparadores, simuladores de hipotecas y herramientas basadas en inteligencia artificial, que han facilitado la comprensión de las soluciones financieras y la posibilidad de evaluar alternativas de manera más accesible.
Un estudio de UCI subrayan una evolución positiva en el nivel de conocimiento ciudadano. En 2025, el 73% de quienes han solicitado o planean solicitar un préstamo hipotecario afirma conocer los requisitos necesarios, lo que supone un incremento de cinco respecto a 2024. Sin embargo, este avance no se distribuye de forma homogénea: los hombres (79 %) y las personas de entre 35 y 54 años (77 %) presentan mayores niveles de familiaridad con el proceso, mientras que las mujeres, los jóvenes de 25 a 34 años, los hogares con ingresos inferiores a 21.000 € o con estudios medios o bajos, y quienes residen en municipios de menos de 50.000 habitantes muestran un conocimiento significativamente inferior.
Para Cátia Alves, directora de Sostenibilidad de UCI, "disponer de información no siempre garantiza un uso adecuado. El acompañamiento experto —a través de asesores financieros, intermediarios de crédito o profesionales especializados— es esencial para interpretar correctamente los datos, valorar riesgos y elegir la opción más adecuada, especialmente entre los colectivos con menor experiencia en este ámbito.”
Según el informe de UCI, la percepción de dificultad del proceso de tramitación de una hipoteca es otro elemento relevante. Un 65% de los españoles considera que contratar una hipoteca es un trámite difícil o muy difícil (17,2%). Esta sensación es especialmente pronunciada entre mujeres y menores de 44 años, mientras que los hombres mayores de 45 años, con ingresos elevados y experiencia como propietarios, manifiestan una mayor seguridad y confianza en el proceso.
El 40% de los compradores de vivienda nueva tienen dudas
Ppr su parte, un análisis de onLygal muestra que ladquisición de viviendas de nueva construcción representa ya el 25% del total de las compraventas realizadas en España. El 40% de los compradores declaran tener muchas o bastantes dudas legales durante el proceso de compraventa, especialmente en las fases de búsqueda y formalización de la operación. Entre los asuntos que acaparan los principales interrogantes destacan los retrasos en la entrega de la vivienda (65%), los impuestos asociados (64%) y las condiciones financieras (54%), según la Radiografía de la compra de vivienda nueva en España.
Ante la complejidad asociada al proceso de compra de vivienda en sus diferentes fases, el 63% de los compradores de vivienda nueva conceden, por su propia experiencia, bastante o mucha importancia a contar con acompañamiento y asesoramiento legal durante todo el proceso. “Entre otras cosas, el 66% de los compradores reconocen que el asesoramiento legal especializado contribuye a evitar muchos problemas y el 55 % apuntan que agiliza el proceso de forma significativa”, señala Verónica Badillo, abogada de negocio de onLygal.
En la fase previa a la compra las principales dudas están relacionadas con los impuestos asociados (64%), las condiciones financieras (54%), los posibles vicios ocultos (38 %), así como su situación legal (35 %). Para resolverlas, el 50% reconocen haber consultado a familiares y/o amigos; seguido de intermediarios (39%) y de un asesor financiero o banco (23%). Para otro 23%, las búsquedas por Internet han sido la principal herramienta de consulta.
A la hora de materializar la compra, las dudas se refieren mayoritariamente a la formalización de la hipoteca y la contratación de los seguros asociados a la misma (54 %), al contrato de compraventa y a la liquidación de los impuestos correspondientes (51 %). En esta fase, el 45 % de los compradores afirma haber consultado a familiares y/o amigos; el 35 % al intermediario, el 26 % a un asesor financiero o banco, el 19 % a un notario, y un 14 % ha optado por búsquedas en internet.
Tras la compra, las principales preocupaciones se centran en los retrasos en la entrega del inmueble-para el 40 % de los compradores-, seguidos de los defectos de construcción, especialmente de acabado, y el desconocimiento de posibles ayudas y subvenciones. De nuevo, los familiares y amigos son la principal fuente de consulta para un 41 %, seguidos del agente inmobiliario, con un 21 %, el asesor financiero, con un 16 %, y las búsquedas por Internet (14 %).
“Además de las condiciones financieras y los impuestos asociados, se añaden las dificultades de muchos futuros propietarios para interpretar de forma correcta algunas de las cláusulas del contrato de compraventa. Esto puede llevar a malentendidos o compromisos poco favorables, por lo que contar con asesoramiento jurídico profesional desde el inicio evita muchas sorpresas desagradables”, concluye Badillo.