El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) del 2 de julio publica varios Dictámenes del Comité Económico y Social Europeo (CESE). Entre ellos, uno sobre cómo las disfunciones del mercado único contribuyen al aumento del coste de la vida. En este Dictamen, el CESE lamenta que el coste de la vida en Europa se vea también incrementado por las disfunciones que aún persisten en el mercado interior europeo y considera que la Comisión Europea debe actuar de manera más decidida para protegerlo. Y pide a la Unión Europea que aborde con carácter de urgencia los obstáculos persistentes que reducen la competencia y afectan al coste de la vida, como por ejemplo las restricciones territoriales de suministro.
También efectúa varias recomendaciones:
Déficit de financiación, el "talón de Aquiles de la UE"
En otro Dictamen, el CESE destaca que, si bien la UE se ha fijado objetivos ambiciosos en lo que respecta a la transición justa, la digitalización, la resiliencia, la autonomía estratégica, la competitividad sostenible y la necesidad de seguridad y defensa como consecuencia de la situación geopolítica, el déficit de financiación sigue siendo "el talón de Aquiles" de la UE en su notable ambición de prepararse a sí misma y a su mercado único para el futuro. Y propone:
El CESE considera que el tamaño limitado del presupuesto de la UE requiere métodos innovadores para facilitar la inversión en sectores estratégicos, transformación industrial y proyectos 'imposibles de financiar'. La ampliación del programa InvestEU es un componente importante de este enfoque presupuestario, si bien es importante tener en cuenta los límites de este último, que podrían, por ejemplo, perpetuar las desigualdades regionales existentes. El CESE subraya, además, que cualquier nueva movilización del presupuesto de la UE para facilitar la inversión privada a través de instrumentos financieros debe ir acompañada de criterios de rendimiento y sostenibilidad transparentes y aplicables, y también de evaluaciones de impacto, que son fundamentales para el éxito de la política industrial y el uso eficiente del erario público. Añade que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) debería ampliar sus inversiones directas en determinadas empresas tecnológicas y de tecnología limpia, en especial las que no reciben suficiente financiación del sector privado. También deben financiarse proyectos a largo plazo para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones.
Recuerda la importancia estratégica de completar la unión de los mercados de capitales (UMC), garantizando al mismo tiempo que los pequeños ahorradores estén protegidos, que no se socave la estabilidad de los mercados financieros y que se respeten los objetivos del ahorro para la jubilación. La creación de una Unión de Ahorros e Inversiones, que combine la UMC y la unión bancaria, debería resolver los problemas estructurales del sector financiero de la UE y contribuir a la búsqueda de soluciones apropiadas y pragmáticas.
Un aspecto central de las prioridades de la Unión de Ahorros e Inversiones debería consistir en promover la convergencia en materia de supervisión y reforzar el papel de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES). Convendría examinar si la Autoridad Bancaria Europea (ABE o EBA, por sus siglas en inglés), la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ o EIOPA por sus siglas en inglés) deberían dotarse de mayores competencias en materia de armonización y supervisión. La ESMA también debería supervisar directamente a los operadores de infraestructuras de mercado con actividades transfronterizas significativas, como los depositarios centrales de valores y las entidades de contrapartida central. A este respecto, el CESE recomienda un enfoque gradual, ya que considera que la ESMA aún no está en condiciones de asumir la supervisión directa de un elevado número de operadores financieros. Al mismo tiempo, debería acometerse una reforma de la gobernanza de la ESMA y sus relaciones con las autoridades nacionales competentes con el fin de preparar una posible nueva etapa en la integración de la supervisión, una vez que se cumplan las condiciones necesarias.
Los inversores institucionales, como las entidades aseguradoras y los fondos de pensiones, desempeñan un papel fundamental en el sistema financiero de la UE. Sin embargo, a diferencia de otros inversores institucionales, sus mandatos son mucho más amplios e incluyen la protección de los tomadores de seguros y los ahorradores en pensiones más allá del riesgo financiero. Estos mandatos específicos requieren un enfoque de asunción de riesgos que no venga determinado únicamente por la rentabilidad financiera. El CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de especificar en el acto delegado de Solvencia II los criterios de admisibilidad para el tratamiento prudencial favorable de las inversiones a largo plazo en capital.
La política de pensiones debe responder, ante todo, al objetivo de política social de garantizar a los trabajadores el mayor nivel posible de protección social durante la vejez. Los regímenes públicos de pensiones son la mejor forma de cumplir este mandato sociopolítico. A la luz de estas consideraciones, el CESE entiende que una posible manera de avanzar consistiría en ampliar y reforzar los regímenes de pensiones de jubilación negociados colectivamente (segundo pilar), con una cotización mínima obligatoria del empleador y bajo la supervisión de una entidad pública que aplique directrices de inversión vinculantes y sostenibles, siempre que se garantice la complementariedad con los regímenes públicos de pensiones y que éstos no se vean perjudicados.
El CESE considera que la mejora del funcionamiento del mercado de titulización podría ampliar las oportunidades de inversión para los inversores e impulsar la UMC. Los esfuerzos para estimular la titulización en la UE deben concentrarse en producir beneficios demostrables en términos de creación de financiación adicional para la economía real. La titulización debe desempeñar un papel complementario respecto de los instrumentos de capital de deuda, como los bonos garantizados.
En un tercer Dictamen, el Comité Económico y Social Europeo pide a la Comisión Europea que formule recomendaciones más individualizadas sobre políticas fiscales sólidas para la estabilidad financiera, crecimiento sostenible a largo plazo y competitividad, gasto público en servicios públicos esenciales o de interés general, políticas sociales y las transiciones digital y ecológica; también pide a los gobiernos que lleven a cabo las inversiones y reformas propuestas de manera más eficaz. Y a ésta, y a los Estados miembros, que aumenten la comunicación sistemática y la sensibilización en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al traducir las propuestas de inversión y reforma en acciones y medidas concretas.
Estrategia contra el shock inflacionario
En la misma línea, otro Dictamen del CESE reclama un sistema global de vigilancia de la resiliencia económica de la UE, con un seguimiento en tiempo real de los precios que inciden de forma significativa en el sistema, las vulnerabilidades de la cadena de suministro y el funcionamiento del mercado. Este sistema de alerta temprana permitiría intervenciones focalizadas y temporales antes de que las perturbaciones se propaguen por toda la economía, utilizando datos mejorados de Eurostat, la Red Europea de Observación del Desarrollo y la Cohesión Territorial (ESPON) o el portal de datos del Banco Central Europeo (BCE).
La UE "debe pasar urgentemente de una estrategia de competitividad defensiva a una ofensiva, que equilibre el dinamismo económico con los valores europeos". Esto significa racionalizar la normativa —manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de exigencia—, acelerar la aprobación de inversiones estratégicas y armonizar su aplicación en todos los Estados miembros. Al mismo tiempo, debemos completar y profundizar el mercado único. Estos esfuerzos deben aprovechar los puntos fuertes característicos de Europa: la alta calidad de nuestro capital humano, nuestra estabilidad institucional basada en el Estado de Derecho y nuestro modelo de economía social de mercado.
"Necesitamos desarrollar un marco europeo de gobernanza de la inflación más sofisticado, que aborde directamente el shock inflacionario (shockflation) a través de una acción coordinada entre la política monetaria y las medidas sectoriales específicas. Las limitaciones de la política monetaria frente a la inflación impulsada por la oferta exigen herramientas más afinadas que permitan atajar las causas profundas de las presiones sobre los precios sin frenar el crecimiento. Estas medidas deben ser temporales y orientarse a las poblaciones afectadas, evitándose controles rígidos de precios que distorsionarían las señales del mercado", añade el CESE.
El Comité propone "crear una capacidad permanente de estabilización fiscal a escala de la UE que se base en la experiencia adquirida gracias a NextGenerationEU, con mecanismos de estabilización automática activados por indicadores económicos objetivos y financiados a través de fuentes de ingresos específicas de la UE en el próximo marco financiero plurianual (MFP). Esto brindaría un apoyo fundamental cuando se produzcan perturbaciones asimétricas, al tiempo que ofrecería financiación diferenciada para realizar inversiones estratégicas.
Finalmente, el CESE emite un Dictamen favorable a la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2015/1017, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695 y (UE) 2021/1153 en lo que respecta al aumento de la eficiencia de la garantía de la UE con arreglo al Reglamento (UE) 2021/523 y a la simplificación de los requisitos de información.
Otro Dictamen respalda la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 575/2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito en lo que respecta a los requisitos aplicables a las operaciones de financiación de valores con arreglo a la ratio de financiación estable neta. En ella, la Comisión Europea propone una modificación de los requisitos prudenciales establecidos en el Reglamento sobre requisitos de capital de 2016 en relación con el requisito de financiación estable neta (NSFR), manteniendo el régimen transitorio de los pagos pendientes tanto por operaciones de financiación de valores como por las operaciones no garantizadas con clientes financieros con un vencimiento residual inferior a seis meses. Y pide a la Autoridad Bancaria Europea que elabore informes periódicos sobre los efectos de ese régimen.