Miguel Ángel Valero
Por una vez y sin que sirva de precedente, el Gobierno ha sorprendido con una inteligente maniobra que sortea todas las presiones (las internas, procedentes de Sumar y de la vicepresidenta primera, Yolanda Díaz; las de Junts, clave para mantenerse en La Moncloa; y las externas) sobre la OPA hostil del BBVA contra el Banco Sabadell.
Pedro Sánchez anuncia una consulta pública, que comienza el martes 6 de mayo, para que las asociaciones, patronales, y la sociedad civil opinen sobre la operación lanzada por el BBVA hace un año.
Esta consulta pública se realiza dentro de los 15 días de plazo que el Ministerio de Economía tiene para reaccionar a la autorización, con condiciones, de la OPA hostil por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Ésta dio el nihil obstat a la operación, aunque aprecia problemas de competencia en las condiciones comerciales en particulares, pymes y autónomos, un incremento de la exclusión financiera en zonas rurales, la reducción de crédito a pymes, y el empeoramiento de condiciones en medios de pagos y cajeros automáticos, como publicó el 30 de abril dineroseguro.info.
El 23 de mayo, que es cuando vence el plazo de 15 días, Economía decidirá si eleva o no el asunto al Consejo de Ministros. Si lo hace, el Gobierno tiene otros 30 días para analizar el informe de Competencia y decidir si endurece o no las condiciones impuestas al BBVA, y que éste ha aceptado.
Antes de tomar una decisión, el Ministerio de Economía y, por extensión, el Gobierno quiere recabar la opinión de asociaciones, patronales y cualquier otro agente de la sociedad civil. "Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen y también competitividad", explica Pedro Sánchez, pero ese proceso debe hacerse de manera que "beneficie al interés común del país y de sus ciudadanos".
"Para tomar una decisión con todas las garantías, el Gobierno abrirá mañana 6 de mayo una consulta pública previa con el objetivo de recabar lo opinión de organizaciones, ciudadanos y asociaciones", anuncia el presidente del Gobierno, durante su intervención, precisamente, en la inauguración de la 40ª Reunión Anual del Cercle d'Economia, una institución presidida por el exconsejero delegado del Banco Sabadell, Jaume Guardiola, y que ya se había pronunciado en contra de la OPA hostil.
En el mismo foro, el presidente del BBVA, Carlos Torres, expresa su "máximo respeto" a la decisión del Gobierno, aunque destaca que la CNMC "ha llevado a cabo un estudio, un análisis largo y profundo, del que ha resultado unos compromisos importantes, que no sólo preservan la competencia, sino que favorecen la inclusión social, la cohesión territorial y el crédito a las pymes, especialmente aquí en Cataluña". De paso, insiste en que "la unión con Banco Sabadell es un proyecto de crecimiento, para crear un banco más fuerte y mejor preparado para el futuro, especialmente importante, en este momento tan crítico, en el que, como hemos escuchado, Europa tiene que despertar".
El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha respondido con un escueto "positivo" cuando los periodistas le han preguntado sobre la consulta pública en los pasillos del encuentro del Cercle.
Esta decisión inédita supone la participación, en una consulta pública, de “ciudadanos, asociaciones y organizaciones”, que podrán aportar sus puntos de vista, sus sugerencias o su análisis sobre la OPA hostil. “Es un proceso habitual, y se quiere emplear para pulsar los intereses que hay en la sociedad” sobre una operación de gran relevancia en España, que afecta al sector bancario, pero también a clientes, empresas y hogares, como destacan en el Ministerio de Economía.
Una mayor concentración y menos competencia impacta en el acceso, disponibilidad, calidad, cantidad y precio de la financiación bancaria a las empresas y a las familias, y en la accesibilidad a los productos y servicios financieros.
Junts, en contra de la OPA hostil pero vota a favor en la CNMC
La consulta pública puede ayudar a Junts a resolver la situación generada por el voto favorable de Pere Soler al dictamen de Competencia. Y que fue recibido con incredulidad, desconcierto, malhumor y desencanto por los sectores empresariales catalanes, comprometidos desde el primer día con el rechazo a la OPA hostil. Está en juego la supervivencia de la segunda entidad financiera de Cataluña, la cuarta en el ranking nacional, pero sobre todo la influencia financiera y económica de esta comunidad autónoma.
En Junts señalan que, a cambio de retirar su voto particular contra la OPA por parte de Pere Soler, la resolución de la CNMC incluye el reconocimiento de que hay problemas de competencia en Catalunya y Baleares. Y que mantiene su radical rechazo a la desaparición del Sabadell, como ya ha sido transmitido tanto al presidente del Gobierno como al ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Hasta Carles Puigdemont ha entrado en escena, asegurando que no cree que el Gobierno tenga suficiente capacidad de soportar las presiones del BBVA para que autorice la OPA hostil. Una intervención que parece destinada al consumo interno, de apaciguar el malestar generado en Junts y en Cataluña por el voto favorable de Pere Soler en la CNMC.
Por su parte, Foment, la gran patronal catalana que preside Josep Sánchez Llibre, portavoz de CiU (antecedente de Junts) en el Congreso de los Diputados, mantiene viva su reclamación en la Audiencia Nacional para ser admitida como parte en la tramitación del expediente y ha solicitado medidas cautelares, que se suspenda el procedimiento mientras no esté aceptada, sobre las que el tribunal aún no se ha pronunciado, aunque sí ha pedido alegaciones a la abogacía del Estado, que representa a la Comisión. Los plazos aún no han expirado, aunque no parece que esa vía judicial vaya a paralizar la OPA hostil, máxima cuando Competencia ya se ha pronunciado.
El margen de maniobra del Gobierno
¿Qué va a hacer el Gobierno? Como publicó dineroseguro.info, después de casi un año de análisis, el dictamen de Competencia dar argumentos al Gobierno para vetar la fusión entre los dos bancos. La legislación vigente deja espacio para que el Gobierno pueda imponer condiciones más severas a este tipo de operaciones, aunque hasta ahora esa facultad nunca ha sido ejercida.
La Ley de Defensa de la competencia establece que “el Consejo de Ministros podrá valorar las concentraciones económicas atendiendo a criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia”.
Por tanto, la opinión del Gobierno no podrá basarse en motivos relacionados con la competencia, porque esa cuestión ya ha sido resuelta por quien corresponde, que es la CNMC. La decisión que tome debe apoyarse en motivos de interés general, "en particular", razones ligadas a la defensa y seguridad nacional; la protección de la seguridad o salud públicas; la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional; la protección del medio ambiente; la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos, o la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial.
Dentro de estos motivos de interés general figuran el impacto sobre el empleo, la cohesión social y la territorial. El Gobierno ha utilizado en varias ocasiones el concepto de "cohesión territorial" para oponerse a la OPA hostil. Y por ahí van a ir los tiros, una vez se saquen conclusiones de la consulta pública que comienza mañana.
El primer fruto del anuncio de la consulta pública es el reparo del PP a la OPA hostil. Por vez primera en un año, el Partido Popular cuestiona el ataque del BBVA contra el Sabadell, ampliando el margen que tiene el Gobierno para oponerse a la operación. El vicesecretario de Economía, Juan Bravo, defiende que “si no se respeta” la competencia y “las mejores condiciones posibles” para autónomos y particulares “el PP estará en contra” de la OPA hostil.