Miguel Ángel Valero
El Gobierno hace caso omiso de las advertencias del presidente del BBVA, Carlos Torres, en el curso de la Apie en la UIMP de Santander y endurece las condiciones que Competencia puso a la OPA hostil contra el Banco Sabadell. Lo hace apoyándose precisamente en la Ley de Competencia, que permite que el Gobierno suavice o endurezca las condiciones que imponga la CNMC en una segunda fase, y atendiendo a cuestiones de interés general.
El endurecimiento se concreta en que debe mantener durante tres años, ampliable por otros dos más, al Sabadell como una entidad separada jurídicamente, pero también operativamente, con autonomía en crédito, especialmente a las pymes. Tampoco podrá despedir a los trabajadores de ambos bancos ni cerrar sucursales como resultado de la operación.
El Gobierno admite, tras el Consejo de Ministros, que estas condiciones no limitan la capacidad del BBVA para seguir con la operación. Pero el BBVA no podrá cerrar las 300 oficinas previstas, ni ajustar plantillas (se calculaban 3.500 despidos), lo que pone en duda los 850 millones€ en sinergias estimadas inicialmente. Por eso, en el sector se interpreta que el Gobierno da todas las facilidades al BBVA para renunciar a la OPA hostil contra el Sabadell.
El BBVA podrá cesar al actual consejo de administración del Sabadell, pero el nuevo órgano que nombre deberá respetar las normas de Buen Gobierno corporativo y además la independencia en la gestión respecto a la casa matriz.
Para garantizar el cumplimiento de estas condiciones, Economía solicitará, entre tres y seis meses antes de que venzan los tres años, un informe a cada banco en el que detallen esa gestión independiente. También deberá publicar un informe sobre cómo se verá afectado el interés general durante los cinco años siguientes. Una vez cumplidos estos tres años, el Gobierno podrá prorrogar el plazo por otros dos más, hasta cinco.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explica, por videoconferencia, en el curso de la Apie que "seguridad jurídica y patrimonios separados, y gestión autónoma, separada, operativa individualizada para proteger el interés general: el empleo, la financiación a pymes, el acceso de oficinas de los clientes. Es una medida mucho más efectiva que otras condicione, porque la llevamos a la operativa diaria”.
“Si hay cambio de Gobierno, en estos tres o cinco años, lo que se encontrará es la obligación del BBVA de poner sobre la mesa los informes sobre la independencia que mantengan las dos entidades. Es un elemento de garantía, porque está alineado con los plazos que impone la CNMC”, insiste.
Cuerpo avisa: el Sabadell debería seguir en Bolsa aunque salga adelante la OPA hostil. Porque la gestión independiente es una condición sine qua non para que pueda haber una fusión. Si el BBVA interviene en la gestión, no habrá fusión. "Buscamos la maximización del valor de las dos entidades por separado, y somos conscientes de la buena evolución del Sabadell en Bolsa y de que no ha alcanzado su valor según los analistas. No vemos a ningún elemento asociado a esa maximización de valor que conduzca a la salida de Bolsa del Sabadell.
Además, el ministro de Economía argumenta que esta fórmula beneficia al BBVA, ya que no verá incrementado su impuesto a la banca, que es progresivo (aumenta con el tamaño de la entidad).
Ahora la pelota está en el alero del BBVA, que puede optar por renunciar al Sabadell; entrar en una batalla judicial en el Tribunal Supremo, lo que, al margen del resultado, alargará todavía más el plazo para controlar la entidad opada (ya llevamos 13 meses con el proceso).
Competencia avala al Gobierno
En el curso de la Apie, y antes de que se conociera la decisión del Consejo de Ministros, la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, desautorizaba rotundamente al presidente del BBVA, al dejar muy claro que la Ley de Competencia permjte al Gobierno endurecer los requisitos impuestos por su institución, siempre que se base en cuestiones de interés general y distintas de las de competencia.
Tampoco cree que pueda haber vulneración de las normas de la UE, ya que el reglamento europeo de competencia contempla excepciones en este sentido. Francia, por ejemplo, tiene un sistema muy parecido a la fase 3 en España.
El BCE critica las restricciones a las fusiones
Por su parte, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, también reconoce que el Gobierno tiene la potestad de imponer condiciones para velar por el interés general, pero declina valorar la decisión sobre la OPA hostil del BBVA contra el Sabadell. En el curso de la Apie subraya que las restricciones de algunos países a la fusión entre bancos hacen que la credibilidad del discurso respecto a la Unión Bancaria “se resienta”.
"Es muy importante pensar en cuál va a ser el impacto que tienen estas decisiones en los inversores institucionales y pensar cómo se compatibiliza un discurso en el decimos que hay que ir a una integración de mercados de capitales y que simultáneamente se pongan trabas al discurso de integración. Esto, desde mi punto de vista, merma la credibilidad del discurso”, argumenta.
El exministro de Economía recuerda que la Comisión Europea tiene potestad de abrir un expediente e imponer sanciones si considera que no hay razones para bloquear la operación.