La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha presentado los resultados de la primera fase del proyecto de investigación sobre Poder, Patrimonio y cultura en España desde la Ilustración a la Restauración. El trabajo, que cuenta con el apoyo de la Fundación Ramón Areces, y la colaboración de Patrimonio Nacional y el Museo Nacional del Prado, ofrece una visión de conjunto y multidisciplinar acerca de la conformación histórica de las principales instituciones creadas por la Corona y el Estado para la conservación y administración del patrimonio cultural en España.
Esta primera fase del proyecto se ha concretado en un libro digital que incluye una amplia base de datos documental y una serie de estudios que analizan por primera vez, de forma íntegra, la testamentaría de Fernando VII, que constituye las bases sobre las que se configuró el patrimonio cultural del Estado en España. Entre otras instituciones, dio origen al Museo del Prado, al Museo Arqueológico Nacional, al de Ciencias Naturales, a la Biblioteca Nacional y a los Archivos Estatales.
La presentación ha tenido lugar en la Fundación Ramón Areces con la intervención de Raimundo Pérez-Hernández y Torra, director general de la Fundación; Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna, vicedirector-tesorero de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; José María Luzón Nogué, académico bibliotecario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, investigador principal del Proyecto; y Miguel Á. López-Morell, catedrático de Historia Económica y coordinador e investigador principal del Proyecto.
“Este trabajo representa una propuesta de investigación multidisciplinar enmarcada en la historia de las instituciones, que abarca diversas facetas de la historia (política, económica, cultural, del arte, de las ideas) y del derecho”, ha expresado Pérez de Armiñán y de la Serna.
Los investigadores vinculados al Centro de Estudios de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando han analizado los proyectos culturales de los primeros Borbones y la Ilustración española, pasando por la guerra de la Independencia y la primera guerra carlista, la desamortización eclesiástica y civil, la legislación desvinculadora y la reestructuración del antiguo Real Patrimonio. Es durante la primera mitad del siglo XIX cuando se distingue entre bienes del Patrimonio del Estado, bienes del Patrimonio de la Corona y bienes privados de los monarcas, tal como planteó en el contexto del primer constitucionalismo y se termina consolidando en la Restauración.
Un documento fundamental
Hay muchos elementos que justifican que el testamento de Fernando VII, dado el 12 de junio de 1830 y hecho público el día siguiente de su muerte, el 30 de septiembre de 1833, se haya considerado como uno de los ejes centrales de la creación del Patrimonio cultural del Estado español. Lo es tanto por su contenido como por sus antecedentes y las veces que fue referenciado en las décadas siguientes para justificar e ir construyendo jurídicamente la separación del Patrimonio de la Corona española del privativo de sus reyes, con el progresivo paso de gran parte de sus bienes a lo que serían las grandes instituciones culturales del Estado liberal (los Museos nacionales del Prado, Arqueológico y de Ciencias Naturales, la Biblioteca Nacional y los Archivos Estatales).
“Con el importante añadido de que, contra lo que generalmente se ha creído, no fue precisamente la voluntad del monarca en sus últimas voluntades ni el consolidar al Museo del Prado, como un Museo público, ni el generar algo parecido a una estructura cultural dependiente del Estado. De hecho, el suyo es un testamento con todos los elementos clásicos de una declaración de voluntad postmorten de un monarca absoluto, aunque revestida de algunos matices importantes, tanto anteriores como posteriores al propio testamento, que denotan ciertos grados de adaptación a la mentalidad del liberalismo, pero también de realismo en la concepción de su sucesión”, explica López-Morell.
Como ha añadido el investigador principal del proyecto, “la evolución de todos estos elementos estuvo sujeta a los avatares de la sucesión y testamentaría de Fernando VII, que no pudo culminarse a afectos prácticos y legales hasta 1846, prolongándose sus efectos a lo largo del reinado de Isabel II hasta la configuración jurídica de la distinción entre Patrimonio de la Corona y bienes privados de la Familia Real en 1865, revisada por el Sexenio revolucionario y restablecida en gran parte en 1876, con la Restauración”.
Solo entonces pudo consolidarse en manos del Estado la titularidad de la mayor parte de los bienes culturales procedentes del antiguo Patrimonio Real, excepto aquellos que se adscribieron entonces al denominado Patrimonio de la Corona, germen del Patrimonio de la República en 1932, tras la proclamación de la II República, y del Patrimonio Nacional en 1940, después de la Guerra Civil, mantenido este último por la Constitución de 1978 como un conjunto de bienes de titularidad estatal diferenciado del resto de los bienes del Estado.
A estas transformaciones se sumaron, en paralelo, la creación de los museos, archivos y bibliotecas del Estado para custodiar los bienes culturales procedentes de la desamortización eclesiástica iniciada en 1837 y de las excavaciones y hallazgos arqueológicos del siglo XIX, que tiene como antecedentes el programa cultural originado por las ideas ilustradas y culminado con la consolidación del Estado liberal.
Es muy llamativo, y pocas veces reconocido, el papel que tuvo en este proceso Isabel II, al aceptar la recomendación de la comisión de la Testamentaría, presidida por el Duque de Híjar (primer director del Museo del Prado), de compensar de su patrimonio particular a su hermana, la infanta María Luisa y su madre, María Cristina de Borbón, para evitar que la colección de pinturas se separa; por lo que es un elemento clave para explicar el mantenimiento íntegro de la parte original de la colección del Museo del Prado.
Para entender todos estos elementos, el proyecto está estudiando y analizado la creación y evolución, principalmente, de las Reales Academias de la Historia y de San Fernando durante los siglos XVIII y XIX, la configuración en el siglo XIX del Patrimonio de la Corona, de los museos nacionales y provinciales, de los archivos generales, provinciales, municipales y de protocolos, la transformación de la Biblioteca Real Pública en Biblioteca Nacional y la creación de las bibliotecas provinciales, municipales y universitarias, así como las del resto de los organismos públicos con competencias culturales en esa época.
Además, debe considerarse que, aunque la mayor parte del patrimonio cultural público español surge en el siglo XIX, como se ha dicho, a consecuencia de la segregación de múltiples bienes procedentes del antiguo Patrimonio Real y de su cesión al Estado, así como de la recepción de buena parte del patrimonio cultural desamortizado, el proceso de desvinculación de los antiguos mayorazgos terminó también incrementando el patrimonio cultural del Estado con notables aportaciones.“En definitiva, con este proyecto se ha querido reconstruir de forma integral la génesis histórica y la estructuración institucional de todo ese legado, a través del análisis multidisciplinar del proceso y la elaboración de una gran base de datos documental para conectar entre sí cada uno de esos elementos”, ha explicado el director general de la Fundación Ramón Areces, Raimundo Pérez-Hernández y Torra.
La literatura sobre este tema es diversa y dispersa, aunque abundante en algunos casos (el Museo Nacional del Prado, la historia de las colecciones reales, la pérdida, destrucción o el expolio de bienes culturales en España durante la época contemporánea). “Sin embargo, hasta ahora no existen inventarios ni bases de datos completos de esa gran reasignación de bienes culturales, la más importante de nuestra Historia. No existe, en suma, un estudio general que abarque este periodo de tránsito, que va desde la Ilustración a la definitiva consolidación de las instituciones del Estado liberal en España, con la Restauración alfonsina, tras el Sexenio revolucionario, tal y como la abordamos en nuestro proyecto”, destaca López Morell.
Destacan los autores de este trabajo que tampoco se han publicado buena parte de las fuentes documentales primarias que permitirían un estudio y análisis históricos más rigurosos acerca de ese proceso. Mencionan como ejemplo la fundamental testamentaría de Fernando VII, conservada en el Archivo General de Palacio, o buena parte de la documentación de las Comisiones Central y Provinciales de Monumentos, conservada en el Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sin contar con los fondos documentales sobre las desamortizaciones eclesiástica y civil y la organización administrativa del siglo XIX existentes en otros archivos, como el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración. La publicación de estas fuentes primarias a través de la base de datos constituye, por lo tanto, un objetivo esencial del mismo para los próximos años.
En distintas etapas
Los capítulos del proyecto de investigación que ahora se publican, junto con los documentos que constituyen el conjunto de la Testamentaría de Fernando VII y que ven la luz por primera vez en su totalidad, analizan los elementos fundamentales sobre los que giró este documento y sus consecuencias en la gestación del actual patrimonio cultural del Estado español.
En el primer apartado, Alfredo Pérez de Armiñán y Miguel A. López-Morell se han centrado en el difícil contexto histórico económico y los antecedentes jurídicos que ayudan a entender qué se estaba decidiendo en ese testamento y la importancia que fueron adquiriendo las decisiones que tomaron sobre la sucesión testamentaria del monarca muchos otros actores, tanto políticos como cortesanos, comenzando por sus herederas, la reina gobernadora María Cristina de Borbón, y sus hijas la reina Isabel II y la infanta María Luisa Fernanda.
El siguiente apartado, elaborado por Enric-Eduard Giménez Sanllehí, estudia el complejo proceso de cierre del testamento y las diferentes coyunturas políticas que condicionaron su resolución entre los años 1833 y 1857, culminando en la configuración del Patrimonio de la Corona en la ley de 1865 como conjunto de bienes diferenciado, al mismo tiempo, del Patrimonio del Estado y de los bienes privados de la Familia Real.
Por último, los dos siguientes apartados analizan cómo influyó este complejo y dilatado proceso en la consolidación del Real Museo de Pinturas, convertido por el Sexenio en el Museo Nacional del Prado, mediante su fusión en 1870 con el Museo Nacional de la Trinidad, descrito por Clara Bajo Gutiérrez y Pedro J. Martínez Plaza, así como en la conformación de lo que terminará derivando en el actual Patrimonio Nacional, por José Luis Sancho, Enric-Eduard Giménez Sanllehí y Nuria Lázaro Milla.
Este apartado se cierra con una serie de apéndices que aportan información muy relevante para la mejor comprensión del testamento de Fernando VII y ponen a disposición del público herramientas esenciales para entender la importancia de este documento, como documentos completos esenciales y una base de datos, con fichas individuales de las más de 2.600 pinturas que conformaron la colección original del Museo del Prado.
El libro adelanta también un capítulo íntegro, elaborado por Jorge Maier Allende, sobre los orígenes del Museo Arqueológico Nacional. Estos trabajos suponen una de las principales aportaciones de esta primera fase del proyecto de investigación en curso, que continuará en las siguientes fases con el análisis de la formación de las demás instituciones culturales del Estado liberal.